Un camarista aportó nuevos detalles de los aprietes del macrismo a los jueces

El magistrado declaró en la causa que investiga las presiones que ejercieron los macristas. Relató los embates que recibieron los miembros del fuero laboral y reveló que en una reunión con el exministro de Trabajo Jorge Triaca se "planteó la necesidad de consensuar" los fallos.
camarista

El camarista laboral Luis Raffaghelli acusó al expresidente Mauricio Macri de haber desplegado un “proceder muy amedrentador para todo el fuero”, con acusaciones y pedidos de juicio político contra seis jueces, en la época en que el gobierno de Cambiemos despedía trabajadores estatales en forma masiva, justificaba despidos en el sector privado y buscaba obstruir las paritarias. Los jueces y camaristas que fallaban a contramano de esa política terminaban escrachados en los medios o denunciados, explicó Raffaghelli al declarar como testigo, bajo juramento de decir la verdad, en la causa donde se investiga la llamada “mesa judicial” del macrismo que trabajaba para incidir en sentencias de temas variados así como en la expulsión de ciertos jueces y el nombramiento de otros considerados afines. En su testimonio, también relató que recibió visitas y llamados del Ministerio de Trabajo, que por entonces encabezaba Jorge Triaca, a modo de presión. Las denuncias contra él y sus colegas ante el Consejo de la Magistratura tenían un denominador común que surge de su repaso: los instruía el ex representante del Poder Ejecutivo allí, Juan Bautista Mahiques, el mismo funcionario señalado por la jueza de Casación, Ana María Figueroa.

Raffaghelli es el segundo juez que declara en esta causa. La primera fue Figueroa y, de hecho, su relato en el programa de radio “Toma y Daca” de la radio AM750 fue el puntapié para que comenzara esta investigación penal sobre la “mesa judicial” que rodeó a Macri durante su gobierno y que –todo indica— él encabezaba. La jueza dijo en una entrevista que un funcionario que pertenecía al Ministerio de Justicia la había ido a ver para que apurara un fallo sobre la validez del Memorándum con Irán. Cuando le tocó declarar como testigo, especificó que el hombre era Mahiques que el episodio fue a los cinco días de la asunción de Macri y que ella creía que aquel podría haber sido el comienzo del “lawfare” en Argentina. Figueroa describió un mecanismo de hostigamiento dirigido a jueces y juezas que no eran del agrado del gobierno, y que incluía publicaciones periodísticas para luego utilizarlas para pedir juicios políticos y mantener esos expedientes abiertos como amenaza. En su caso, fueron cerrados recién al cabo de tres años, que es lo máximo que pueden estar abiertos.

La causa judicial está a cargo del juez Sebastián Ramos pero fue delegada al fiscal Ramiro González. La denuncia inicial la hizo el diputado Martín Soria (Frente de Todos) y luego se sumaron otros diputados y senadores, que sostienen que funcionó una asociación ilícita que cometía delitos como coacciones y abuso de autoridad en el sistema judicial. No está claro si se pueden probar delitos, pero cada vez es más evidente que existió una política de armado de causas, con instrumentos que lo facilitaron como la figura del “arrepentido” y hasta la "doctrina Irurzun", y de ataque hacia jueces y fiscales que no actuaran como esperaba el oficialismo de entonces. El fiscal incorporó ahora los correos electrónicos hallados en la secretaría general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que daban cuenta de las reuniones de la “mesa judicial”, que eran convocadas por Marcos Peña, un nuevo imputado en el expediente, y que debían contar de manera excluyente con la presencia del titular de la central de espías, Gustavo Arribas. Otros imputados que aparecen en esos e-mails son el exministro de Justicia, Germán Garavano y los exasesores Pablo Clusellas y José Torello. Cada vez que participaba Macri se les hacía un aviso especial para que garantizaran presencia. Se agregan a la lista de investigados el exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, los operadores Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y Daniel Angelici, además de Mahiques, que hoy es fiscal general porteño.

Presiones
Raffaghelli declaró por escrito en base a un pliego de preguntas que le mandó el fiscal. Cronológicamente el primer hecho que, según su repaso, lo descolocó, fue un llamado que recibió en enero de 2016 en su despacho, apenas llegado el gobierno de Cambiemos. “Desde el Ministerio de Trabajo preguntaban si habían entrado expedientes contra el Poder Ejecutivo. Era un hecho inusual nunca experimentado en mi larga trayectoria en el fuero laboral (…) lo interpreté como una clara presión en un momento en que hubo miles de despidos de trabajadores contratados en la administración estatal”. Algo similar, dijo, se repetía “con los casos de intervenciones sindicales”, que fueron récord durante la gestión macrista. El 29 de marzo de ese mismo año apareció un día en la Cámara Laboral el entonces ministro de Trabajo, Triaca, que presentó su visita como protocolar, pero llevó con él a un equipo de funcionarios, uno de los cuales les planteó a los jueces que pretendían “consensuar la doctrina de los fallos y hacerla más previsible en aras de la seguridad jurídica”. “Se produjo un profundo silencio que fue superado por el presidente del cuerpo pasando a otro tema (…) nadie contestó la inusitada sugerencia del funcionario”, declaró Raffaghelli. “A este episodio le siguió un evidente embate contar la independencia de la justicia nacional del trabajo, que fue poco a poco generando un ambiente hostil a su libre desempeño, alcanzando el cenit con las denuncias infundadas a seis juezas y juezas”, que terminaron rechazadas.

A él lo denunció el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) junto con su colega Diana Cañal, porque habían firmado un fallo que ordenaba reincorporar a un grupo de trabajadores contratados de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). El pedido de remoción fue presentado más de un año después de la sentencia. La Cámara protestó y advirtió en un pronunciamiento que era “una grave e inaceptable injerencia sobre el Poder Judicial, señalando que ningún juez puede ser denunciado por el contenido de sus sentencias”. El Consejo de la Magistratura tuvo el expediente un año, sin movimientos, y lo cerró en 2018.

Para el gobierno de Macri, el expediente sobre despidos en la Afsca era una suerte de caso testigo porque implicaba “la posibilidad o no de continuar con medidas expulsivas de trabajadores”. Sin embargo, en otros juicios laborales, como los de los despidos en la agencia de noticias Télam, volvió a atacar a los jueces. Fue uno de los casos donde, según Raffaghelli, “se tornó más evidente la presión del gobierno para incidir en las decisiones judiciales (…) puedo decir que vi circular con fluidez a los representantes letrados de Télam por la Cámara, hecho que no es habitual respecto de otras empresas o partes demandadas”. Ahí recusaron y pidieron la destitución de los camaristas Enrique Arias Gibert y Néstor Rodríguez Brunengo. A Arias Gibert y a la camarista Graciela Marino les habían pedido el juicio político antes ya por avalar la paritaria bancaria, que ponía un piso de aumento salarial del 24 por ciento que Macri no aceptaba. Mahiques, a quien casualmente le tocaba hacerse cargo de la mayoría de estos expedientes, llegó a impulsar como medida que se le revisara el Facebook a Arias Gibert. La sexta jueza denunciada fue Mirta González Burbridge, que había ordenado la reincorporación de un trabajador de Vialidad nacional. A otros jueces, como Dora Temis, quien había reimplantado la paritaria nacional docente, la intentaron desacreditar con saña públicamente. Directamente le atribuían “antecedentes kirchneristas”. Temis estaba enferma y falleció al poco tiempo.

Macri en persona
A toda la artillería que su gobierno desplegaba en visitas sugestivas a jueces, llamados, desfiles de abogados y papeles con pedidos de juicio político, el ex presidente Macri sumó su propia voz. “El expresidente tuvo dos intervenciones graves contra la justicia del trabajo: la primera en oportunidad de la asunción del ministro de Relaciones Exteriores (Jorge) Faurie, denunciando la 'industria del juicio laboral'; la segunda en un acto en el Colegio de de la calle Montevideo 640, donde denuncio 'la mafia laboral', agraviándonos como supuestos socios de abogados laboralistas, citando sumas de dinero sin fundamento y afirmando que éramos conducidos por el entonces diputado Héctor Recalde, reconocido laboralista de extensa trayectoria en el derecho del trabajo”, declaró Raffaghelli. Recordó también que al Colegio de Abogados había llevado una lista de jueces, y mencionó especialmente, con nombre y apellido a Arias Gibert y a Marino, “calificándolos como malos jueces laborales y culpables de poner en riesgo a las empresas”. “Evidentemente este proceder fue muy amedrentador para todo el fuero. Quién se animara a revocar una resolución administrativa o a cuestionar la legislación impulsada por el Gobierno, podía suponer cuál era su destino y futuro”, agregó. Se “generó un clima de temor, lesivo de la independencia judicial”, advirtió el camarista.

Todo esto, señaló el juez, fue denunciado y planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el entonces secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, intentó justificar las denuncias al sostener que “las sentencias” de los jueces laborales “eran arbitrarias”, al dificultar los despidos y obligar a restablecer paritarias, entre otras cosas. Como si no hubiera, además, tribunales superiores encargados de revisar los fallos de instancias inferiores. Por cierto, la Corte Suprema en materia laboral se caracterizó por su funcionalidad al gobierno de Macri, a punto tal que hubo jueces –como Elena Hihgton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti-- que en la década anterior protegían derechos laborales y de pronto dejaron de hacerlo.

El Colegio de la calle Montevideo –el que apoyó los golpes de Estado— fue parte de la ingeniería del gobierno de Macri para forzar renuncias con bombardeos de denuncias, por insostenibles que fueran, como ocurrió con la exprocuradora Alejandra Gils Carbó. Del testimonio de Raffaghelli surge, como ocurrió con el de Figueroa, cómo la ofensiva política contra ciertos sectores judiciales e incluso para alimentar causas contra exfuncionarios del kirchnerismo, se fortalecía a través de noticias –a veces truchas o forzadas en los medios— que eran transformadas en denuncias que se convertían en una amenaza palpable. 

Te puede interesar

Últimas noticias

Te puede interesar


<video poster="http://w1021815.ferozo.com/videos/video_1.jpg" autoplay="autoplay" width="100%">
<source src="http://w1021815.ferozo.com/videos/video_1.mp4" type="video/mp4" />
<source src="http://w1021815.ferozo.com/videos/video_1.ogv" type="video/ogg" />
<source src="http://w1021815.ferozo.com/videos/video_1.webm" type="video/webm" />
</video>