Sólo u$s1.500 millones separan a Fintech y Gramercy de un acuerdo con Guzmán

El reclamo de los integrantes del Comité de Acreedores se encuentra hoy en el 53% de VPN contra el 52% que ofrece el país (con anabólicos).
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Fintech, Gramercy y Greylock volvieron a ser amigos. Luego de la sorpresa, para el Gobierno, del distanciamiento que mostraron el jueves de la semana pasada en las negociaciones, acercándose a la posición de los duros BlackRock, Fidelity y similares, los fondos de inversión históricamente más cercanos a la posición oficial demostraron en los primeros cuatro días de negociaciones que tienen prácticamente cerrado su aval a la última propuesta.
 
Solo los separan de la firma del acuerdo entre u$s1.000 y u$s1.500 millones y, lo más importante, no hay exigencias legales extraordinarias e inaceptables para Alberto Fernández y los textos de Martín Guzmán. Sólo adhieren a dos cláusulas que a los ojos del Gobierno pueden ser negociables: la de “rescate mandatorio” y la aplicación de un interés extra del 2% en el caso de que la Argentina vuelva a caer en default durante toda la vida útil de los bonos que se emitirían en esta reestructuración.

La foto de la distancia actual entre lo que ofrece el Gobierno y lo que reclama el grupo Comité de Acreedores de la Argentina, donde militan Greylock, Fintech y Gramercy, es ya casi ínfima. La oferta que Guzmán les ratificó el martes pasado (primer contacto de la cuarta etapa de negociaciones), es de un 49,9% más uno de dos anabólicos: el bono indexable vía exportaciones (eventualmente PBI, pero siempre medido por el INDEC) o el pago de intereses no liquidados durante 2020.

Esto llevaría la oferta a un Valor Presente Neto (VPN) de aproximadamente el 52%. Este grupo de acreedores reclaman ahora un 53%/ 53,5% (era 53,8% al comienzo de la semana), con lo que sólo un punto porcentual de VPN separa ambas propuestas. Esto es, entre u$s1.000 y u$s1.500 millones; o en un mal escenario de exportaciones o crecimiento del PBI argentino, unos u$s2.000 millones. Sólo moviendo levemente las tasas de interés del primer tramo de pago de deuda, mejorando los “anabólicos”, reduciendo el plazo de algunos bonos o con algún aporte de emisión extra se acortarían las diferencias y se llegaría al apretón de manos financiero. Quedarían por resolver los capítulos legales; los que, a esta altura de las negociaciones, se transformaron en más importantes que las fórmulas de pago. Nada que no pueda resolverse, como se afirman las partes con una sonrisa que retornó, “de buena fé”.

Para el Gobierno es una tranquilidad. Volver a tener a los tres fondos de inversión dentro del círculo de confianza es un avance innegable en las negociaciones; más cuando estas ingresan en los inevitables tiempos de definiciones. Este avance ya fue contabilizado por los otros dos grupos de bonistas más combativos, el Ad Hoc y el Exchange Bondholders; en una circunstancia de las negociaciones cuando comienzan las sumas especulativas sobre a cuánto puede llegar una eventual mayoría necesaria para que el proceso de renegociación que encabeza Guzmán sea un éxito. Por ahora la cuenta a favor de la Argentina está lejos. Aún si se llegara a un acuerdo con el Comité de Acreedores, más de la mitad de los bonistas estaría fuera de la aceptación. Entre el Ad Hoc y el Exchange Bondholders suman casi el 45%, a lo que hay que incorporar a gran parte de los tenedores individuales que, por ahora, están fuera de las negociaciones a la espera de un resultado definitivo.

Gramercy, Fintech y Greylock acumulan, junto a otros fondos menores del Comité, no más del 15% del total a la deuda a renegociar con lo que siempre estuvieron en minoría. Sin embargo fueron en todo el proceso los principales impulsores de un dialogo con el Gobierno argentino, y los que hicieron que en los peores momentos la discusión siempre se mantuviera en la línea de flotación. Salvo dos veces. La primera fue en el rechazo a la primera oferta de Martín Guzmán que terminó de colapsar el 8 de mayo. La segunda fue el jueves 18 de junio cuando, vía teleconferencia, el titular de Fintech, David Martínez, le comunicó personalmente a Alberto Fernández que rechazaría la oferta argentina y se sumaría a la posición crítica de los otros dos fondos. Fue para mantener la actitud “solidaria” y coordinada que todos los acreedores acordaron sostener durante las negociaciones en los momentos críticos, y con el objetivo de obligar Gobierno argentino a mejorar la oferta.

Antecedentes
Ahora, nuevamente, en el Gobierno confían en lo que puedan aportar, fundamentalmente, Gramercy y Fintech, recordados por el kirchnerismo como dos buenos amigos del país en otras épocas difíciles. Ambos tienen una historia importante con el oficialismo, desde los tiempos del segundo llamado a reestructurar la deuda en default 2001, organizado por el Ministerio de Economía que manejaba Amado Boudou en 2010. Tanto Gramercy como Fintech no habían ingresado en el canje original (el lanzado por Roberto Lavagna como ministro de Néstor Kirchner), amagando con sumarse a los litigantes contra el país que en ese momento reclutaban el Fondo Elliott, de Paul Singer, y el EM Dart, de Kenneth Dart.

Sin embargo, hacia comienzos de 2010 se habían reconvertido en los mejores interlocutores que tenía la Argentina en el mercado de bonistas aún en default, y junto al Palacio de Hacienda diseñaron la oferta de reapertura de deuda que llevó la aceptación final al 93%. Luego, el 7% restante avanzaría en el “juicio del siglo” contra el país, litigio que la Argentina perdería contra los fondos buitre liderados por Singer. En esa causa, tanto Gramercy como Fintech mantuvieron su rol de aliados del Gobierno de Cristina de Kirchner en contra de Singer y el resto de los demandantes, al punto de presentarse como “amigos de la Argentina”, declarando públicamente ante el juez Thomas Griesa a favor de la posición local y en contra del reclamo de los fondos buitre.

La alianza con el último gobierno kirchnerista fue tan sólida que llegó hasta una presentación conjunta en diciembre de 2012 ante la Corte Suprema de los Estados Unidos bajo el grupo “non party apellants”(integrado también por la reserva Federal y el Gobierno norteamericano), para que la posición de la Argentina sea escuchada en aquellos tramos finales del juicio contra los fondos buitre. Finalmente, la historia es conocida. El máximo tribunal norteamericano falló en contra del país, se perdió la causa y recién en abril de 2016, con el Gobierno de Mauricio Macri en su comienzo, el país pudo llegar a un acuerdo con aquellos acreedores beligerantes, previo pago de unos u$s9.000 millones.

La buena relación entre Gramercy y Fintech con el actual oficialismo continuó sólida con los años. Gramercy tuvo participación en las operaciones de compras de los juicios que empresas multinacionales, especialmente de origen norteamericano, mantenían contra la Argentina ante el CIADI, a precios más que bajos. En octubre de 2013 se cerró un acuerdo con el país por el cual el Ejecutivo se comprometió a cerrar varias de estas causas ante el tribunal internacional, liquidando los procesos abiertos por los casos de Vivendi Universal (Aguas de Aconquija) y Azurix (Agua Potable de la Provincia de Buenos Aires). Por su parte, Fintech, del magnate mexicano David Martínez, mantiene una sólida relación con varios de los principales referentes del kirchnerismo, y se convirtió desde la llegada de Alberto Fernández al poder en uno de los voceros directos e indirectos del mundo financiero internacional (y nacional) con el Gobierno. Su principal activo en el país es ser uno de los socios de Telecom (junto con Clarín y el Estado argentino a través del FGS de la ANSES).

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