Gobierno renueva estrategia por la deuda: mecanismo de reasignación y bloqueo judicial

Por recomendación del estudio Cleary, la oferta podría quedar abierta por tiempo indefinido.
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Alberto Fernández deberá tomar en días (antes del 4 de agosto) su decisión política más importante desde que fue electo Presidente: aceptar (o no) que la última propuesta presentada por el Gobierno para cerrar un acuerdo con los acreedores con títulos públicos emitidos con legislación internacional podría no ser finalmente la definitiva y así reabrir la mesa de negociaciones con los bonistas. Si avala esta posición, tendrá que reconocer algunos de los términos que el lunes hicieron públicos los tres grupos de acreedores que discuten con el país una salida para evitar el default. Si no la avala, deberá preparar una estrategia para que, al menos, las negociaciones continúen sobre los términos argentinos presentados en sociedad el 3 de julio. Y, en paralelo, un plan judicial para evitar todo el tiempo posible las eventuales presentaciones judiciales que los acreedores podrían acelerar al ritmo de la caída en default de los bonos que van venciendo con el paso del tiempo.

Para el Gobierno, la propuesta conjunta presentada sorpresivamente ayer por los tres grupos de acreedores con los que se negocia la reestructuración es simplemente inaceptable. Especialmente en dos puntos. Argentina no está dispuesta a avalar una tasa de interés para el cupón compensador del 5% como tampoco el encarecimiento del diseño de la deuda de corto plazo. Donde, curiosamente, la delegación local estaría mirando de reojo un principio de acuerdo, es en la posibilidad de rediseñar las “cláusulas de reasignaciones” según los criterios planteados por los acreedores. Y, eventualmente, trabajar sobre las condiciones que BlackRock y compañía quieren imponer para aceptar las “cláusulas antibuitre”. Pero todo esto implicaría avalar que la propuesta que se discutirá será la de los acreedores, y no la que Martín Guzmán presentó el 3 de julio ante la Security and Exchange Commission (SEC). Con este panorama sobre la mesa, Alberto Fernández deberá tomar una decisión de Estado en base a los datos y el análisis de su ministro de Economía.

El Gobierno estima que, con el actual ritmo de avales que estaría consiguiendo el proceso de canje con tenedores de deuda bajo legislación internacional por porcentajes de aceptación superarían el 50% pero estarían lejos del 60%. Si bien se espera una aceleración de ingresos para fines de la próxima semana, los números aún están lejos. Y, de no mediar una hoy improbable mejora de la oferta por parte de Alberto Fernández (mucho menos una bajada de cabeza de los acreedores) para el 4 de agosto los porcentajes serían difíciles para conseguir las mayorías necesarias para dar por cerrados los canjes.

Será el momento de decidir una segura extensión hasta el 30 de agosto, tal como adelantó este diario, y de comenzar a redefinir la estrategia futura. Y si no hay cambios en la oferta oficial, o el milagro de aceptación por parte de los privados. la idea de Martín Guzmán se basará en una doble acción: aplicar la nueva versión de la “cláusula de reasignación” y dejar abierto el canje por un tiempo más. Con la primera, el Ministerio de Economía busca mostrar que algo de éxito tuvo el lanzamiento. Por el otro, cerrar judicialmente la posibilidad que se avance con juicios sumarios en los tribunales de Loretta Preska, de parte de los tenedores de deuda emitida durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Hay algo que está claro para los negociadores del Ministerio de Economía. Hasta la semana pasada no se pudo romper la férrea alianza entre el grupo Ad Hoc, de BlackRock, Fidelity, Ashmore y Authority, con el Exchange Bondholders de Monarch y compañía.

Sorprendió el rompimiento del grupo friendly del Comité de Acreedores, quedando Fintech, de David Martínez, y Greylock, de Hans Humes, en una solitaria aprobación a Guzmán; y su posterior unión a los dos grupos más combativos. AdHoc detenta deuda emitida desde 2016 en adelante. Los segundos representan a los bonistas más antiguos que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. Entre ambos detentarían un porcentaje cercano al 30% del total de tenedores de deuda en poder de fondos de inversión y que incluirían a los particulares que no están anotados en ninguno de los dos grupos y que esperan la definición de la compulsa.

Para el oficialismo no es cierto que la suma de los grupos de bonistas supere el 40% como ellos mismos alardean, pero si se reconoce que será muy difícil armar mayorías sin que alguno de los fondos de inversión se rebelen. Le queda claro al oficialismo que una ruptura en esta alianza entre AdHoc y Exchange que se mantuvo sólida e irreductible desde el primer día de negociaciones, es fundamental para que el canje tenga éxito. Y que ninguna de las estrategias que se aplicaron hasta aquí para crear internas entre ellos resultaron fallidas. Desde la reanudación de las negociaciones, luego de la presentación de la última oferta del 3 de julio, la relación entre el abogado Dennis Haritzky, de los Exchange Bondholders, y su colega Jennifer O’Neil, del AdHoc, parece más sólida que nunca; pese a los esfuerzos del Gobierno de beneficiar más al primer grupo manteniéndole los derechos de juicio y dejando de lado la cláusula antibuitre que sí figura para el AdHoc. Ahora, algo resignados, los mensajes del oficialismo ya son enviados a ambos grupos de manera espejada. Y casi con resignación. Donde Guzmán y su gente están poniendo énfasis, es en aceitar la aplicación de la cláusula de “resignación” en su nueva versión más laxa, pero que culmina siempre con la intención de llegar a un 65% de aval en los bonos emitidos durante el macrismo y 85% del kirchnerismo.

Se trata del derecho del Gobierno argentino de armar masa crítica de aceptación para la emisión de un título de los ofrecidos, pero tomando ingresos de bonistas en otros bonos similares (o no tanto) de la oferta oficial. Según los cálculos primarios, habría algunos papeles destinados a acreedores que tomaron deuda desde 2016 con los que se podría trabajar la estrategia, y que le permitirían a Guzmán presentar el 5 de agosto algún tipo de escueto éxito en su propuesta. Para esto cuenta con la aceptación de los casi u$s3.000 millones que le aportará el aval del grupo Comité de Acreedores donde están anotados Fintech de David Martínez, Greylock y eventualmente Gramercy; y que ya le dieron su guiño oficial al Palacio de Hacienda previa llamada a Olivos. Con estos fondos de inversión más la primera aceptación del 18,6% de la primer oferta de Guzmán se llegaría a una masa crítica leve pero para comenzar a dar pelea. Lo segundo en lo que se trabaja desde el lado argentino es en la estrategia judicial para después del 4 de agosto. Es un hecho que habrá una extensión, posiblemente hasta fin de agosto. Se estudia, además, si los “anabólicos” ofrecidos hasta ese fecha original se extenderían, especialmente la emisión del cupón 2030 con el reconocimiento de los intereses no devengados hasta septiembre de este año, algo que no tendría sentido por dos motivos. Se podría aceptar sin aclararlo al final de las negociaciones y se aplicaría al resto de los bonistas por la vigencia de la cláusula RUFO.

Lo que se analiza en estos tiempos es una sugerencia del estudio que representa al país Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H): mantener en el tiempo abierta la oferta, más allá de agosto. Para esto no habría impedimentos legales y sólo se necesitaría una nota aclaratoria ante la SEC. Según CGS&H, la decisión le permitiría a la Argentina trabar las posibilidades, al menos inmediatas, de juicios sumarios, especialmente de parte de los bonistas con titulos emitidos durante el kirchnerismo y que ya desde el 30 de julio podrían presentarse ante el tribunal del Segundo Distrito Sur de Manhattan para reclamar por el default del Discount que no se liquidó en tiempo y forma el 30 de junio. El estudio tiene el antecedente de sus años de combate en el mismo tribunal en los tiempos de Thomas Griesa en el “juicio del siglo” contra los fondos buitre, y recordaba que el juez siempre le mostraba la jurisprudencia anterior donde se aseguraba que su el país hubiera manteniendo abierto el canje de 2005 o el de 2010 la historia hubiera sido diferente.

El juez ya fallecido insistía en que Argentina mostraba mala voluntad al cerrar las negociaciones y el diálogo y que si el canje se hubiera dejado abierto indefinidamente los argumentos desde Buenos Aires habrían sido más sólidos y defendibles. CGS&H desempolvó aquellas viejas audiencias con Griesa y reflotó el argumento sobre dejar abierto el canje. Esto no aceleraría un acuerdo ni mucho menos, pero le daría argumentos a los abogados argentinos para defenderse ante el posible juicio que le harían los bonistas k.

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