Espionaje ilegal: juez Augé defiende su competencia ante presión macrista

La orden de la Cámara Federal era entregar la causa, excepto lo relacionado al espionaje en la cárcel de Ezeiza.
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El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé consideró, en contra de lo dictaminado por la Cámara Federal porteña, que el caso de espionaje ilegal que compromete a la excúpula de la AFI macrista debe continuar en su juzgado y no en los tribunales de Comodoro PY.

“Existe aquí una organización delictiva conformada para cometer, entre otros delitos, gran cantidad de espionajes y seguimientos ilegales en la que intervinieron funcionarios públicos de la Agencia Federal de Inteligencia y también del Servicio Penitenciario Federal. Dichos organismos ejercen su poder y competencia sobre todo el territorio argentino, y justamente, valiéndose de esas estructuras, la conducta se extendió en diversos ámbitos territoriales”, expuso el juez Augé al defender su competencia.

Para el juez no se pueden separar todos los hechos ya que se debilitaría la causa y además se correría el riesgo de dobles juzgamientos.

Días atrás la Cámara Federal dispuso que el juez Augé debía entregar todo el expediente, excepto lo relacionado al espionaje ocurrido en la cárcel de Ezeiza, a su par de la Capital María Eugenia Capuchetti.

Las defensas de la excúpula de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani intentan que el caso llegue a los tribunales de Comodoro Py y pidieron cumplir con el fallo de la Sala I de la Cámara porteña.

Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner, una de las víctimas del espionaje, entre otras, y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, pidieron que se rechace el pedido de inhibitoria y que el caso continúe bajo la jurisdicción de Lomas de Zamora.

La investigación, que se encuentra avanzada, comprende un entramado delictivo complejo, y la instrucción se ha desarrollado en distintas etapas. Ya están procesados en una parte de la causa Arribas, Majdalani, y ex agentes de la AFI. También fueron indagados el exsecretario del presidente Mauricio Macri, Darío Nieto, entre otros.

Las víctimas del espionaje fueron políticos, jueces, funcionarios opositores y hasta del mismo macrismo, organizaciones sindicales, agrupaciones sociales, periodistas, la pareja de Florencia Macri, hermana de Macri.

La causa también abarca el espionaje que se hizo en la cárcel de Ezeiza a los entonces detenidos ex funcionarios del kirchnerismo Julio De Vido, Carlos Zaninni, Amado Boudou, Carlos Kirchner, entre otros, y empresarios como Cristobal Lopez, Fabián De Sousa, Gerardo Ferreyra.

La producción del material realizado por los funcionarios del Servicio Penitenciario recayó luego en manos de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia. A la vez, este organismo dispuso de un “complejo entramado administrativo y operativo que le permitió escuchar ilegalmente las conversaciones de los privados de la libertad alojados en el Sistema IRIC”, recordó el juez Augé.

El caso comenzó con la investigación del espionaje al Instituto Patria y a la vicepresidenta Kirchner, luego se formó otro expediente con hechos de espionaje contra numerosas víctimas. También los hechos ocurridos en las cárceles.

“El universo de los hechos descubiertos a partir de las pruebas agregadas al sumario, no son escindibles de aquellos imputados primigeniamente. El acuerdo criminal delineado desde las máximas autoridades de la AFI y el SPF, comprende hechos que se desarrollaron principalmente en el Complejo Penitenciario Federal N° 1 de 4 Ezeiza. Todo constituye un engranaje complejo, cuyas partes se valieron y nutrieron constantemente de la información obtenida como consecuencia de los espionajes ilegales”, argumentó el juez.

En cuanto a la competencia de esta causa, el magistrado sostuvo que “la actividad ilícita desplegada por la organización criminal aquí investigada, abarcó diversas jurisdicciones territoriales, a saber: Lomas de Zamora, Ezeiza, Marcos Paz, La Plata, Villa Martelli, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cada domicilio y/o lugares de seguimiento de las victimas, que incluyeron, las ciudades de la Matanza, Avellaneda, San Isidro, La Plata, entre otros que aún restan determinarse”.

En cambio, para la Cámara Federal, correspondería la inhibitoria de Lomas, al argumentar que las sedes del Poder Ejecutivo Nacional, precisamente de la Agencia Federal de Inteligencia, se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que allí es donde la asociación ilícita tuvo su asiento principal.

Augé, sostiene que “los hechos se realizaron en diferentes puntos del territorio nacional, es decir, en multiplicidad de jurisdicciones. Se trata de actos que pueden catalogarse como nuevas formas de delincuencia, especialmente las vinculadas con el crimen organizado que trascienden los espacios físicos unificados”.

“Advertimos que no se podrían separar y desguazar los hechos para que sean investigados y juzgados en jurisdicciones diferentes, ya que eso implicaría necesariamente debilitar el caso de la fiscalía y a la vez promovería no sólo la posibilidad de decisiones contradictorias, sino a la vez la posibilidad de doble juzgamiento, en tanto son muchos los imputados que coinciden en uno y otro”, explicó el juez.

Ahora Augé decidió remitir el conflicto a la Cámara de La Plata.

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