Préstamo del FMI: fiscal pide ampliar la investigación contra Mauricio Macri

El fiscal Franco Picardi amplió la imputación contra el ex presidente Mauricio Macri y varios funcionarios de su gobierno por "defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos" en el acuerdo con el FMI.
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El fiscal Franco Picardi amplió este jueves la imputación contra el ex presidente Mauricio Macri y varios funcionarios de su gobierno por "defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos" por irregularidades en los procedimientos del acuerdo suscripto en 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la toma de un préstamo por más de 44 mil millones de dólares.
Picardi requirió investigar una denuncia que presentó la Oficina Anticorrupción (OA) que conduce Félix Crous, basada en informes suministrados por el Banco Central de la República Argentina y la Auditoria de la Sindicatura General de la Nación.
 

La denuncia alcanza además al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el ministro de Finanzas Luis Caputo y los ex titulares del Banco Central Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris.

El dictamen fue emitido en una causa que ya investigaba el fiscal quien sospecha que el endeudamiento con el FMI se habría configurado mediante la violación de diversos preceptos legales y que el uso de las divisas recibidas del FMI “se destinó en una gran medida a la salida de capitales especulativos”.

La OA solicitó "conocer si existieron vínculos entre los funcionarios y los compradores, y si estos pudieron prevalerse de información privilegiada -y quién la suministró-, para asegurar esas ganancias, que son el espejo del perjuicio que debe afrontar la mayoría del pueblo argentino"

La causa fue sumando numerosas denuncias. Se investigan los posibles delitos de administración fraudulenta contra el ex presidente Macri y funcionarios de su gobierno y está en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien ordenó en febrero de este año una serie de medidas solicitadas por el fiscal Picardi.

El fiscal pidió “comprobar si el citado endeudamiento con el FMI se habría configurado mediante el dictado y/o la ejecución de actos jurídicos en franca violación de diversos preceptos legales”.

En ese sentido, el fiscal considera que hay que averiguar si los funcionarios del BCRA actuaron en contraposición a los mandatos planteados en dicha Carta Orgánica, así como si Christine Lagarde y David Lipton actuaron en contraposición a las normativas del FMI en el marco de un acuerdo con funcionarios públicos argentinos.

Para el fiscal, “efectivamente la suscripción del acuerdo del FMI habría profundizado un proceso de endeudamiento y formación de activos externos, que al momento previo de la suscripción del mismo estaba en franco agotamiento. Por otra parte, tal como refleja la información divulgada por el BCRA, parecería que a partir del financiamiento otorgado por el FMI, esta situación se agravó, permitiendo la salida de aquellos capitales especulativos que en una primera instancia habían ingresado al país, perjudicando de este modo al erario público”, según surge del dictamen.

El fiscal habilitó la apertura de una investigación penal a los fines de dilucidar si existieron ilícitos penales cometidos por funcionarios públicos, “en virtud de la necesidad de certezas respecto de la delictuosidad de las acciones de los ex agentes públicos, y también en función de las respuestas que del sistema de administración de justicia demanda la sociedad toda”.

El fiscal toma un informe del Banco Central y sostuvo que de acuerdo a lo plasmado en él ”se torna plausible la afirmación de algunos de los denunciantes, en tanto, al momento de la suscripción del acuerdo con el FMI la situación de insustentabilidad del modelo económico puesto en marcha era clara, específicamente, en relación a la fuga de capitales que tal como se explicó, inicialmente, se financió con la emisión de deuda con acreedores privados”.

Según el informe del BCRA “el préstamo del FMI pasó a ser la fuente primordial de nuevo financiamiento durante el período comprendido entre mayo de 2018 y octubre de 2019”.

El país enfrentaba una creciente demanda de divisas en concepto de atesoramiento de residentes, salida de capitales especulativos y pagos de deuda. Entre mayo de 2018 y hasta que fueron establecidos los controles cambiarios más estrictos en octubre 2019, del total pautado con el FMI llegaron a desembolsarse cerca de USD 44,5 mil millones. “Estos fondos junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado, que alcanzó los USD 45,1 mil millones, una salida de capitales especulativos por USD 11,5 mil millones y los servicios de la deuda (pública y privada) por USD 36,9 mil millones”

La causa que está en trámite se inició el 2 de mayo del año 2019, por denuncia del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno contra Guido Sandleris -por entonces, presidente del BCRA- y el resto de los integrantes del directorio de la mencionada entidad así como de su Comité de Política Monetaria (COPOM), individualizando a Gustavo Cañonero – por entonces, vicepresidente del BCRA–, Verónica Rappaport –por entonces, vicepresidenta segunda del BCRA–, Enrique Szewach –por entonces, director del BCRA– y Mauro Allesandro –por entonces, subgerente general de investigaciones económicas del BCRA.

A esa denuncia se sumó otra realizada el 29 de marzo de 2019 por la diputada nacional Fernanda Vallejos conjuntamente con su abogado Eduardo Barcesat quienes realizaron una presentación en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 7, causa que se anexó a la de Capuchetti.

La denunciante pidió investigar al entonces presidente Macri, a quien era el jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña y a quien se desempeñaba como ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.

Consideraron que hubo “un desvío de poder incurrido por el Poder Ejecutivo al celebrar el acuerdo con el FMI sin que haya tenido la intervención debida -a su criterio- del Poder Legislativo”.

“Lo más elocuente es que los funcionarios técnicos del FMI han señalado que el acuerdo excede la capacidad de repago del aparente beneficiario, y con la sola finalidad de asegurarle a los acreedores externos privados el pago de los servicios e intereses de la deuda externa; dicho de otro modo, la fuga de capitales de la Argentina”, dice la denuncia.

En julio de 2019 el abogado Juan Grabois realizó una denuncia contra Macri; Dujovne; la ex directora gerente del FMI, Christine Lagarde; David Lipton, por la época director gerente interino del FMI y demás funcionarios del gobierno nacional y del FMI que pudieran resultar responsables.

También se anexó a la causa otro expediente que provenía de la justicia de Corrientes y una presentación efectuada por el actual director del Banco Nación Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo el 29 de noviembre de 2019.

Estos denunciaron un incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, así como de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por parte de Macri, Dujovne y Sandleris.

Los denunciantes originales, Moreno, junto a Pablo Challú, consideraron que había un delito, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, y mencionaron que los funcionarios de Cambiemos venían incumpliendo aquellos deberes a los que están obligados por la Carta Orgánica del BCRA, poniendo especial énfasis en el modo en el que han administrado las reservas internacionales y los préstamos obtenidos del Fondo Monetario Internacional (FMI), conforme se desprendería de la caída de las mismas y del uso indebido de las divisas obtenidas del citado organismo multilateral.

Para los denunciantes, los fondos recibidos no eran para financiar la salida de capitales financieros. Concluyeron, afirmando que “esta política deja al país al borde del default y del vaciamiento de las reservas internacionales que respaldan nuestro comercio exterior y los pagos de la deuda externa simplemente para posibilitar extraordinarias ganancias financieras”.

El fiscal pidió una serie de medidas que fueron ordenadas por la jueza Capuchetti, entre ellas requerimientos al Banco Central sobre toda la documentación relacionada a los hechos denunciados.

También se le requirió al Ministerio de Hacienda de la Nación que en el marco de sus competencias, remita toda aquella información y documentación respaldatoria referida a las negociaciones y a la celebración del acuerdo llevado a cabo entre nuestro país y el FMI el 12 de julio de 2018.

Ahora el fiscal pidió ampliar las imputaciones en base a la denuncia de la OA.

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