El Gobierno cree que el cupo de viajeros que ingresan a la Argentina no debe aumentar de 600 por día

La actual veda rige hasta el viernes. Alberto Fernández considera que para retrasar la entrada de las nuevas variantes de la covid al país debe mantenerse el actual límite, pero la oposición, los viajeros varados y las empresas aéreas tienen otros intereses. El Presidente tomará la decisión después de consultar a sus colaboradores.
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En la Presidencia de la Nación hay poca disposición a ampliar el cupo de viajeros que ingresan a la Argentina. Hoy es de 600 personas y, según el criterio de la Casa Rosada, debe seguir siendo de 600, no más. Sin embargo, hay presiones de todo tipo, en especial sobre ministros y funcionarios, de parte de las empresas aéreas, los argentinos que están en el exterior queriendo volver y la oposición. El tema deberá ser definido en las próximas horas porque la actual veda al ingreso rige hasta el viernes. El concepto de Alberto Fernández es que debe avanzarse más en la vacunación antes de abrir el cupo, pero es un debate abierto.

Como es obvio, en el Ministerio de Salud, que conduce Carla Vizzotti, miran los números y las amenazas de la variante de India o Delta. En el Reino Unido hay un incremento enorme de casos --27.000 diarios--, pero únicamente nueve fallecidos por jornada. Eso se explica por lo que ya se sabe: las vacunas funcionan. También la India baja fuertemente las muertes gracias a la vacunación. Pero a diferencia del Reino Unido en la Argentina no hay tanta gente vacunada y, sobre todo, es invierno, la temporada en que los virus respiratorios se sienten cómodos. De manera que una parte del Ejecutivo mantiene la postura de que hay que mantenerse firme respecto de la cantidad de gente que entra al país -600 por día-, al menos hasta fin de mes, cuando esté vacunada con una dosis la totalidad de los mayores de 18 años y además se le haya ganado tiempo al invierno.

 

Del otro lado, las presiones son manifiestas. No sólo de quienes están en el exterior y utilizan los micrófonos y cámaras de los grandes medios, sino también de las compañías aéreas y las agencias de turismo. Legisladores de Juntos por el Cambio presentaron habeas corpus y amparos y obviamente también transitan los móviles y los estudios de los grandes medios. Su argumento es que las personas que llegan vienen vacunadas y, además, se les hace un estudio de antígenos en Ezeiza. Como explicó la titular de Migraciones, Florencia Carignano, los casos detectados de Delta se produjeron con pasajeros que vinieron con PCR negativo y que incluso el test en Ezeiza dio negativo. Pero a los tres días empezaron a sentir síntomas y resultaron positivos de la variante Delta. Para entonces, ya habían contagiado a sus convivientes, incluso alguno hospitalizado con neumonía bilateral. Y es lo que se ve en el Reino Unido o en Estados Unidos: en pocas semanas, la variante Delta se convirtió en la dominante. En Brasil ya aparecieron los contagiados con la variante Delta sin antecedentes de viaje.

A todo esto se agrega que el Poder Ejecutivo tiene dudas sobre el real control de cada distrito sobre los que llegan. Después de salir del aeropuerto, el pasajero pasa a estar bajo la órbita de CABA o la provincia en la que tiene domicilio. La cifra de 600 es manejable para que se puedan efectivizar las verificaciones sobre la cuarentena que supuestamente está cumpliendo el viajero. Sin embargo, parecen escasas o incluso nulas las inspecciones para ver si el recién llegado está en su domicilio. Una filtración a ese control puede ser dramática: según un cálculo mínimo realizado por el biólogo Ernesto Resnik en su podcast PCR, una persona puede infectar a 350 en apenas cuatro días.

Con todos estos datos a la vista, parece cantado que Alberto Fernández tomará una decisión en diálogo esencialmente con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la ministra Vizzotti escuchará a Carignano de Migraciones, a Paola Tamburelli; de la Administración Nacional de Aviación Civil, el ministro de Turismo, Matías Lammens y el de Transporte, Alexis Guerrera.

En principio, la decisión es no ampliar el cupo, pero en Casa Rosada recién definirán después de escuchar a todos los funcionarios involucrados. 

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